Por Darío Aranda

Monte santiagueño. Madrugada. Rancho campesino. Silencio y tranquilidad. Hasta que cuarenta efectivos de infantería, con pasamontañas, chaleco antibalas y armas largas patean la precaria puerta, se abalanzan sobre un anciano hemipléjico de 69 años, lo esposan, interrogan a punta de fusil y detienen. Al hijo le atan las manos a la espalda, boca abajo lo arrastran por el piso, indagan y amenazan hasta que un ataque de epilepsia lo deja al borde del desmayo. A la hija, que dormía al momento del allanamiento, le arrojan gasoil sobre la cama, amenazan incendiarla y es levantada a fuerza de insultos y empujones. El hecho, con formas propias de la dictadura militar, ocurrió el viernes 2 en Santiago del Estero, a 290 kilómetros de la capital provincial, y el “delito” del anciano, Domingo Leguizamón, fue resistir que un abogado lo expulse de su tierra ancestral. Estuvo seis días incomunicado, y desde entonces con prisión domiciliaria acusado de usurpar la tierra donde siempre vivió. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde milita la familia atacada, denuncian que “el actual gobierno provincial, y el sistema judicial, actúan coordinados según los intereses de empresarios sojeros, que quieren hacerse de las tierras de las familias”.

Domingo Leguizamón tiene 18 hijos, más de treinta nietos, medio cuerpo paralizado por una hemiplejia y un bastón con el que se ayuda para caminar. Nació, se crió y vive en el paraje El Calderón-Lote 5, a 60 kilómetros de la ciudad de Quimilí, pleno monte santiagueño. Integra la comunidad indígena Guaycurú y cuenta con 400 hectáreas, de donde obtiene leña y cría animales. Su parcela cuenta con una particularidad: está rodeada de sembradíos de soja, que desde hace tiempo pretenden avanzar sobre el bosque nativo que preserva Leguizamón.
En agosto último, el abogado Carlos Alberto Gozal irrumpió en el campo con quince guardias armados y comenzó a alambrar. Amenazaron a la familia Leguizamón, le mataron sus animales e inutilizaron el pozo de agua comunitario (le arrojaron combustible y basura).
“Don Legui”, como todos llaman al hombre, realizó dos denuncias, el 20 y 29 de agosto, por usurpación de propiedad, amenazas de muerte y daños. Pero el juez de la Cuarta Nominación, Ramón Antonio Tarchini Saavedra, no ordenó ninguna medida en defensa de los campesinos. Luego de dos meses de inacción judicial, el viernes 26 de octubre, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero organizó la retoma del campo: centenares de familias organizadas llegaron hasta el lugar, desarmaron a los guardias privados y desalambraron las hectáreas ocupadas por el abogado Gozal, quien denunció a Domingo Leguizamón por “usurpación”.
Con inusual rapidez, el juez de la Tercera Nominación, Jorge Salomón, ordenó la detención del anciano y ancestral dueño del campo –con el violento operativo mediante–, pidió el encarcelamiento de quince integrantes del Mocase y el allanamiento de la sede de la organización (en Quimilí), donde funciona una radio comunitaria, una cooperativa de trabajo y una escuela campesina. Leguizamón estuvo detenido e incomunicado durante seis días. Y el juez Salomón aún persigue a los restantes campesinos.
“Es algo insólito. Hay un fallo judicial que reconoce la propiedad a Don Legui. Además, la Justicia no reaccionó ante las dos denuncias contra Gozal y los paramilitares. No hubo una sola acción del juez Tarchini Saavedra. Y, para peor, el otro juez (Jorge Salomón) persigue y detiene a las víctimas en lugar del usurpador. Esta represión, con Gerardo Zamora como gobernador, es volver a la época del juarismo (Carlos Juárez gobernó la provincia durante cinco décadas, durante las cuales el campesinado santiagueño sufrió duras agresiones)”, denunciaron desde el Mocase.
Este diario intentó hablar con ambos jueces, pero no estaban en sus despachos. También intentó comunicarse con el ministro de Justicia de Santiago, Ricardo Daives, pero no respondió los continuos llamados. Desde el Mocase explicaron que Daives es cuñado del juez Jorge Salomón, el que ordenó la detención de los campesinos y que mantuvo incomunicado durante seis días al anciano hemipléjico. Además, en los tribunales santiagueños explicaron que la rápida reacción del juez Salomón tiene un motivo concreto: la “Agencia de Seguridad La Estrella”, a quien responden los guardias armados que invadieron las hectáreas en conflicto y que luego fueron echados por el Mocase, pertenecería a un primo suyo, también de nombre Jorge Salomón. El teléfono celular de la empresa, único número comercial, estuvo apagado durante todo el día.
Dos semanas atrás, en la localidad de Tintina, la represión tuvo formas similares: un grupo de guardias armados atacó a la comunidad indígena Lule-Vilela de Tres Leones, golpeó a hombres y mujeres, realizó disparos a las piernas, amenazó de muerte y exigió que abandonan sus históricas parcelas. El mismo día, 30 de septiembre, irrumpieron en la radio comunitaria del Mocase, golpearon al comunicador José Tévez y le gatillaron con un revólver en la cabeza. “Dejate de joder con los derechos campesinos. Vas a terminar muerto”, le advirtieron. La organización identificó a los agresores y presentó denuncias. Pero el juez Abelardo Basbus no tomó ninguna medida. Los parapoliciales siguen libres.
“Nuestras denuncias nunca avanzan. Los jueces trabajan para los empresarios sojeros”, resumieron desde el Mocase. Domingo Leguizamón, de hablar lento pero firme, fue concreto: “Para el pobre no hay justicia. Pero no nos dejaremos correr de nuestra tierra”.

Un modelo agropecuario
Desde el Mocase explicaron que desde la década del 90, con la fiebre de la soja, la provincia vive una oleada de desalojos, con “complicidad política y judicial”. Según evaluaciones de la organización, con los agrocombustibles (que implica la obtención de nafta a partir de oleaginosas, idea impulsada por empresas multinacionales y Estados Unidos) se multiplicarán los intentos de usurpaciones y los desmontes. Santiago del Estero, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, encabeza la lista de provincias que más desmontan: 515.228 hectáreas en los últimos cuatro años, lo que significa un 71,61 por ciento más que entre 1998 y 2002. Y sólo con las familias que participan en el Mocase, existen tres millones de hectáreas en conflicto.
Desde el Movimiento Campesino Indígena, integrado por el Mocase y organizaciones de otras seis provincias, remarcan que “el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión, contaminación ambiental y degradación de los suelos”. Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y que cada vez produce mayor concentración. En Argentina, según el último censo agropecuario, el diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.

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